Los constantes ataques verbales y discursos estigmatizantes provenientes desde políticos han tenido efecto en las acciones que ciudadanos han emprendido en contra de la libertad de expresión en la región de América Latina, de acuerdo con un reporte anual de Fundamedios, titulado “La calidad de la Libertad de Expresión retrocedió en la región“.
Durante los últimos 24 meses la organización registró el asesinato de 30 periodistas. México se convirtió en el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo con 16 casos; seguido de Guatemala y Honduras, con cuatro casos respectivamente; Colombia con tres; Venezuela con dos y Brasil con uno.
Los ataques contra la prensa se hicieron presentes, en gran medida, durante manifestaciones donde grupos de ciudadanos atacaron a periodistas por el simple hecho de informar, señala el documento.
En más países del hemisferio proliferan los líderes políticos que hacen del ataque contra los medios de comunicación parte fundamental de su discurso público, como uno de los argumentos para deslegitimar en muchos casos, investigaciones que involucran a sus gobiernos.
En Brasil, México, Perú, Cuba, Colombia y los países centroamericanos, durante este año, se produjeron ataques por parte de la policía, identificada como uno de los principales agresores estatales contra periodistas.
México
Los actores estatales encargados de difundir el discurso anti prensa en México están más diversificados, empezando por la autoridad máxima hasta alcaldes y diputados.
Es usual que el presidente Andrés Manuel López Obrador critique reportajes específicos, medios de comunicación y periodistas en su conferencia mañanera.
En cuanto ataques en los estados, el gobernador Enrique Alfaro acumula una lista de agresiones a periodistas en Jalisco. A finales de diciembre, anunció acciones legales en contra del periodista Ricardo Ravelo. Ravelo publicó el 17 y 24 de diciembre dos artículos que son parte de una investigación periodística sobre la delincuencia organizada en la entidad, en la que expone información de una supuesta protección del gobierno de Alfaro a un grupo de la delincuencia organizada y señala posibles vínculos entre el círculo cercano del gobernador.
En Chiapas, el presidente municipal de Zinacantepec insultó al periodista independiente José Alam, en medio de una sesión de Cabildo diciendo “rata, vividor, y pseudo periodista”. El poder legislativo mexicano también aportó al antagonismo contra la prensa mediante estigmatizaciones en medio de sesiones públicas del Congreso.
De acuerdo con Fundamedios, 16 periodistas han sido asesinados en México en los últimos 24 meses: María Elena Ferral, Pablo Morrugares, Saúl Tijerina, Jacinto Romero Flores, Ricardo López, Abraham Mendoza, Enrique García García, Manuel González Reyes, Fredy López Arévalo, Alfredo Cardoso, Benjamín Morales, Gustavo Sánchez, Israel Vázquez, Daniel Castaño, Jorge Armenta, Julio Valdivia.
Aunque políticos mexicanos son investigados e incluso han sido detenidos en otros países por sus posibles nexos con el crimen organizado, en México no se les abren expedientes, advierte el periodista @RRavelo27 https://t.co/g5sKuYHNeO
— Expansión Política (@ExpPolitica) December 28, 2021
Nicaragua
El camino para la represión fue preparado con la aprobación de legislación que atenta directamente contra el ejercicio periodístico: La Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Estas dos normas, respectivamente, buscan sancionar la difusión de “noticias falsas” con cárcel y silenciar a las y los periodistas desde lo penal.
La persecución contra periodistas mujeres ha sido otra constante en el gobierno de Ortega. Entre las víctimas icónicas de este hostigamiento estatal está la periodista Kalúa Salazar, quien fue víctima de acoso, persecución, agresiones físicas e impedimento de salida de su domicilio por parte de miembros de la policía.
El Salvador
Desde 2019, con la llegada de Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en un campo minado para las y los periodistas y la libertad de expresión. Esto se evidencia, día a día, en la violencia y falta de apertura a la crítica por parte del poder, señala el reporte anual de Fundamedios.
Uno de los medios de comunicación más perseguidos por el gobierno de Bukele durante este año fue El Faro. El medio de comunicación alertó sobre un nuevo capítulo de persecución del gobierno de Nayib Bukele y del Ministerio de Hacienda. Entre las conclusiones preliminares de una parte de la auditoría el Ministerio Hacienda encontró en el ejercicio contable de 2017 una supuesta “evasión intencional de impuestos” que asciende a USD 33.700. El medio dijo que es una acusación totalmente infundada y que tiene las pruebas.
El gobierno ordenó al periodista mexicano y editor del periódico digital, Daniel Lizárraga, que abandonara El Salvador. El medio de comunicación informó a través de sus redes sociales que Agentes de Extranjería le notificaron que revocaron su permiso de estancia en El Salvador porque no pudo demostrar que es periodista.
Otro de las agresiones más destacadas ocurrió cuando 23 miembros de medios de comunicación y periodistas, recibieron un correo de la compañía Apple en el que les advertían de posible espionaje informático estatal. No solo periodistas recibieron esta alerta sino también miembros de la oposición al gobierno de Bukele. Entre los afectados había 12 periodistas del medio digital El Faro.
#efEDITORIAL | “La expulsión de #ElSalvador del periodista Daniel Lizárraga por orden del Gobierno Bukele es grave pero no sorpresiva: el periodismo capaz de revelar actos de corrupción es un obstáculo serio para los planes de los corruptos”. https://t.co/VJ3SLgTwOg
— El Faro (@_elfaro_) July 8, 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 34 medidas cautelares a los miembros de El Faro, frente a las amenazas inminentes por parte del régimen salvadoreño.
Guatemala
La llegada del presidente Alejandro Giammattei ha significado un grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales y un complejo escenario para los medios de comunicación, periodistas, y organismos que monitorean la libertad de expresión.
Guatemala estuvo a punto de promulgar una ley similar a sus países vecinos, conocida como la “Ley de las ONG”. El impacto de esta normativa recaería principalmente en organizaciones defensoras de derechos humanos, libertad de prensa y periodismo de investigación las cuales normalmente se registran como entes sin fines de lucro.
#AHORALH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pide a Guatemala derogar las reformas a la Ley de ONG's. pic.twitter.com/n6b72llQZG— Diario La Hora (@lahoragt) May 19, 2021
No ha sido necesaria aún la vigencia de esta ley para que las agresiones a la prensa se incrementen, y la mayor parte de estos atentados fueron protagonizados por agentes del Estado, de acuerdo con el reporte de Fundamedios.
El 6 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derecho Humanos declaró responsabilidad internacional, mediante sentencia, a la República de Guatemala por violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en relación con las obligaciones de respeto y garantía sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.
La Corte hizo énfasis en la necesidad de espacios pluralistas para evitar monopolios y discriminación. Entre las medidas de reparación incluyó las siguientes acciones:
1) Medidas de satisfacción: medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas operen libremente sus radios comunitarias.
2) Garantías de no repetición: adecuar normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados, particularmente las radios comunitarias indígenas, y así reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de licencias. Reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico, abstenerse de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras de radio comunitarias indígenas y eliminar las condenas y cualquiera de sus consecuencias relacionadas con las personas de comunidades indígenas condenadas por uso del espectro radioeléctrico.
3) Indemnizaciones compensatorias: sumas monetarias con motivo de la compensación por los equipos de transmisión aprehendidos, por concepto de indemnización por daño material y daño inmaterial.
Honduras
Junto con México y Guatemala, el país gobernado por Juan Orlando Hernández es uno de los más peligroso para ejercer el periodismo en la región.
Fundamedios registra que en los últimos dos años cuatro periodistas han sido asesinados: Germán Vallecillo, Jorge Posas, Luis Almendares, Pedro Canelas.
El año pasado entró en vigencia un nuevo código penal que regulan la injuria y la calumnia. Incluye otras figuras legales usadas para callar a disidentes como:
- “la revelación de secretos”
- “la instigación pública a la demora o no pago de impuestos”
- “el pánico financiero”
- “instigación a la rebelión o a la sedición”
- “la injuria religiosa”
- “el ultraje a los símbolos nacionales”
- “el hurto del espectro radioeléctrico”.
Según estándares internacionales, esto debería ser normado por el derecho civil.
#HONDURAS: En respuesta a la entrada en vigor de un nuevo Código Penal en Honduras que mantiene sanciones penales por los llamados “delitos contra el honor”, entre ellos la calumnia y la injuria, el CPJ se pronunció. Vea declaración en este enlace: https://t.co/onjTKEhyk1
— CPJ Américas (@CPJAmericas) June 29, 2020
Perú
El ideario y programa de Perú Libre, el partido del presidente, planteó la eliminación de los llamados programas “basura” (entretenimiento, vedettes, espectáculos, etcétera) y “evaluar todos los contenidos de la televisión y las radios antes de su difusión”.
Para Perú Libre, los medios televisivos, radiales y escritos “distorsionan la mente” de las nuevas generaciones y el Estado no puede regularlos por el libre mercado, “sin proteger a la niñez y a la juventud, pues el Estado abdicó su papel protector”.
Una de las propuestas del presidente Pedro Castillo, como candidato, consistía en que los ministerios de Educación y Cultura evaluaran los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atentara contra “la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana”.
Perú Libre planteaba regular a los medios de comunicación, considera que en un Estado democrático todo está sujeto a ley y no debe confundirse “libre mercado” ni “libertad de prensa” con “impunidad”.
Perú: @PedroCastilloTe usa un discurso ya conocido en América Latina al amenazar con retirar la publicidad oficial de los medios que no le gustan.
El uso arbitrario de fondos públicos para premiar a aduladores del gobierno y castigar a críticos socava la libertad de expresión. pic.twitter.com/B9NxBh12nn
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 24, 2021
Brasil
El presidente Jair Bolsonaro emitió juicios de valor y estigmatizaciones sobre los medios de comunicación y periodistas.
En una ocasión, tras la inauguración de una ruta interior, el presidente brasileño dio declaraciones a los medios y respondió: “No tienes que preguntar ¿verdad? Deja de ser idiota, niña”, ante la pregunta de una periodista.
Este tipo de acciones deslegitiman a las y los periodistas pues parte de su trabajo es buscar la verdad. Así mismo, la máxima autoridad del gigante amazónico, ha comentado que algunos medios son “fábricas de noticias falsas”, demonizando permanentemente a la prensa con el objetivo de confundir a la población brasileña.
Cuba
Incrementaron las agresiones contra voces independientes: una decena de periodistas, corresponsales extranjeros y bloggeros sufrieron diversas agresiones durante las protestas contra de la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
Varios periodistas fueron golpeados, arrestados, secuestrados momentáneamente o estaban incomunicados, al cortarles el acceso a internet en medio de las protestas nacionales sin precedentes en la isla.
Entre las y los periodistas agredidos durante las manifestaciones está el fotógrafo de la AP Ramón Espinosa. Fueron detenidos el influencer Lázaro Yuri Valle, el bloguero Yoandi Montiel conocido como “el gato de Cuba”, Esteban Rodríguez, Maikel González Vivero y Héctor Luis Váldes Cocho, de ADN Cuba.
Bajo arresto domiciliario y con permanente hostigamiento frente a sus hogares permanecen Camila Acosta, corresponsal del periódico español ABC, Mary Karla Ares, reportera del periódico comunitario Amanecer Habanero, y Claudia Montero, directora del medio comunitario La Majadera de Artemisa. Montero sufrió además una brutal golpiza en un asalto a su casa.
El impedimento para salir de sus casas afectó este año también a la periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris Mariño y la reportera de Cibercuba Iliana Hernández.
Colombia
El desamparo a periodistas también ha sido evidenciado por las acciones del Gobierno colombiano en el ámbito judicial. La no aplicación de las medidas cautelares solicitadas por el periodista Ricardo Calderón; o el retiro de la audiencia del juicio, en el caso Bedoya Lima y Otra vs. Colombia, por parte de la representación del Estado, son algunos de los casos icónicos.
Las autoridades de este país latinoamericano han optado por tomar acciones anti prensa. Durante las manifestaciones que iniciaron en abril se registraron un total de 140 agresiones contra periodistas, reflejando las cifras más altas en los últimos tiempos.
El 50% de los casos, las agresiones fueron protagonizadas por miembros de la policía: disparos con perdigones, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y eliminación de material.
Informe de la ONU concluye que policía colombiana fue responsable de 28 muertes por su represión contra el paro nacional iniciado el 28 de abril. Si fuese en Venezuela, Cuba, Bolivia, o Nicaragua, los medios occidentales harían portadas pero como es en Colombia hay silencio pic.twitter.com/c0cOf4aNpo
— Aníbal Garzón (@AnibalGarzon) December 15, 2021
