Hace 10 años, Artículo 19 abrió sus oficinas en México, con la esperanza de generar un movimiento democrático, donde la libertad de expresión e información fueran clave. A una década, la organización presenta su informe con un pregunta central: ¿Por qué no aplaudimos?
Estos son algunos de los puntos destacados en el documento de 197 páginas, que pueden descargar aquí:
“México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son sólo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria. Así, en 2017 documentamos 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones”.
“En Tamaulipas, donde trabajaba y de donde tuve que huir, los criminales te ordenan qué escribir, cómo escribir, dónde publicar, en páginas interiores, primera plana, etcétera. El narco es el jefe de redacción. Si no lo haces, te matan con todo y familia. Te llaman a tu casa, te llaman a tu celular. A veces te mandan las fotos y los artículos listos para publicar y si no lo haces, el castigo es terrible. Cuando menos te lo esperas, llega un tipo y te pone dinero sobre la mesa para “agradecerte” que seguiste sus instrucciones. Con ese simple gesto ya estás en su nómina, ya eres su esclavo; aunque sólo recibas el dinero una vez, ya te consideran parte del grupo delictivo. Hay compañeros que estuvieron muy cómodos recibiendo dinero del narco, pues los sueldos en provincia son miserables; te pagan 30 pesos por nota y 20 por foto pu-bli-ca-da. Las cosas se ponen feas cuando llega otro grupo delincuencial y te exige que obedezcas sus órdenes. Los primeros jefes te reclaman y los segundos, también. No te queda otra mas que huir y esconderte. En un principio, los periodistas más expuestos eran los que cubrían policiacas y la nota roja; se decía que ellos eran el puente con el crimen organizado, pero no es así. En las ciudades pequeñas, en los pueblos, todos se conocen y aquel que en la primaria fue tu mejor amigo, tal vez en el futuro te lo encuentres como sicario o jefe de plaza. Hoy día a cualquiera lo obligan a publicar lo que ellos quieran. La gente no se entera ni de la mitad de lo que sucede. En Veracruz, por ejemplo, no puedes publicar nada sin el permiso de los señores”, relató Marta Durán de Huerta, Marta, periodista exiliada a Radio Nederland en cooperación con Sin Embargo, 11 de febrero de 2014.
“Zonas de silencio es el nombre que reciben las regiones donde ya no se publican, por ningún medio, las informaciones de interés público. Los noticieros y periódicos locales tratan temas de manera sesgada, distorsionada, superficial o definitivamente no dicen nada. En un principio fue el dinero el que silenció a la prensa; después, la violencia y el miedo”.
“Durante los años recientes han sido asesinados periodistas que habían recibido medidas de protección. Es el caso de Cecilio Pineda, asesinado en 2017 después de no haber recibido opciones de protección idóneas, por parte del Mecanismo Federal de Protección, para continuar su labor informativa en el estado de Guerrero”.
“El Mecanismo de Protección tiene varias fallas que no han puesto atención y que bien o mal las tengo enumeradas por experiencia. Fallas con la multimillonaria empresa que presta los ineficientes servicios de seguridad, monitoreo, cámaras, escoltas, suministros, etc. La burocracia y la falta de una atención rápida. La falta de una atención integral antes, durante y después. No existe un plan de retorno para los periodistas y defensores desplazados. Yo diría: esto es lo que hay y no hay más”, dijo para este informe Julio Omar Gómez, reportero de colectivo Pericú en Baja California Sur, desplazado tras una tentativa de homicidio en su contra y el asesinato de su colega Maximino Rodríguez en 2017.
“Del total del gasto pagado (en publicidad oficial de gobierno federal) de enero de 2013 hasta diciembre de 2017 (40,597 mdp), el 55.96% fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación y el 44.04% restante a un total de 3,108 medios de comunicación. Por su parte, Televisa concentra el 16.45% del gasto, Estudios Azteca, 9.70%, y Starcom Worldwide el 3.20% del total.
“El 99.6% de los crímenes contra la prensa permanecen impunes”. (Y no es el narcotráfico el que más agrede).
“Twitter y Facebook son principalmente las dos redes sociales donde se ejerce la violencia contra las mujeres, pero no se excluyen otras redes como YouTube en la cual se difunden videos para desprestigiar u hostigar. En el caso de Twitter, destaca el uso de imágenes violentas, personas portando armas, nombres escritos con balas, el uso de un lenguaje asociado al narcotráfico como ‘el patrón ya dio la orden’ para lanzar los ataques hacia las mujeres periodistas. En ocasiones, las amenazas de muerte también incluyen a la familia de las mujeres periodistas”.
Derechos para todos y todas
Durante la transmisión en vivo del informe, Ana Cristina Ruelas, directora regional de la organización, dijo que es importante reconocer que Mexico no es ni ha sido un país democrático. “La información como fuente de poder de una sociedad puede tener muchas salidas, y el trabajo de un estado represor y autoritario es cancelarlas, así, el estado ha generado diversas formas para impedir que la información llegue a la sociedad”, señaló Ruelas.
- La restricción legislativa de la libertad de expresión.
- El control editorial a través de la publicidad oficial.
- El control del acceso de al información.
- Los datos personales como instrumento para la censura y el olvido.
- La persecución a los periodistas y la impunidad.
Hasta ahora, en México hay diez estados mantienen en sus códigos penales los delitos de infamación, injurias y calumnias. Veintidós estados criminalizan la búsqueda de la información de las fuerzas de seguridad. Y seis estados castigan manipulación de imágenes o memes. “¿Qué tan seguro te puedes sentir si existen estados donde te pueden meter a la cárcel por crear un meme con la imagen de la primera dama vestida del Chapulín Colorado?
Ruelas mencionó el caso de Pedro Canché, preso nueve meses, por documentar una protesta en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo.
