En México existe una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental desde el año 2002, que obliga a la rendición de cuentas de los organismos públicos. Aunque no siempre sucede así y los ciudadanos deben interponer recursos legales para luchar por esa información.
El caso de la periodista Eirinet Gómez López es elocuente.
En 2017, la corresponsal de La Jornada en Veracruz, solicitó información sobre la exhumación y la investigación de personas desaparecidas que fueron encontradas en una fosa clandestina en Colinas de Santa Fe, al sur mexicano, de donde familias recuperaron 298 cráneos.
Es la fosa más grande en América en la historia reciente, pero la Policía Federal, quien procesa los restos de las personas exhumadas, se negó a entregar la documentación.
La Ley de Transparencia señala que cuando se trata de delitos de lesa humanidad la información no puede sellarse ni clasificarse como reservada o confidencial.
Gómez López interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el árbitro entre los sujetos obligados y la ciudadanía, y este avaló la negativa de la Policía Federal.
Con ayuda de una organización civil de defensa feminista, la periodista llevó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, dos años después, la SCJN le dio la razón. Pronto podría tener los documentos que pidió a la Policía.
La entrevistamos para saber los detalles de todo el proceso, su caso puede ofrecer pistas de cómo hacer cuando parece que la batalla por la información de interés público está perdida.
Lección I: Pedir documentos, no solo datos.
Eirinet Gómez López había estado cubriendo el tema de desaparición de personas en el estado de Veracruz, entrevistando a familiares de víctimas, acompañándolos en sus búsquedas, pero sentía que le faltaba hacer una revisión más documentada, ver cómo estaban actuando las autoridades.
Empezó a ver las herramientas disponibles y aprender a usar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el sitio desde donde cualquier persona pude solicitar información de interés público.
Le interesaba tener datos de las exhumaciones y de las investigación del cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe. Hizo una batería de preguntas y se las envío a dos dependencias: el encargado del levantamiento de los cuerpos, de la ropa y de los hallazgos es la Policía Federal, y la encargada de la carpeta de investigación es la Fiscalía de Veracruz.
“Cuando solicité la información, no pedí estadística, sino soporte documental, expresión documental”, cuenta la periodista. Se centró en que le entregaran documentos probatorios del rescate de tres centenares de cuerpos de una fosa clandestina, como fotografías, grabaciones, videos, documentos.
Y pidió una versión pública de la investigación.
La Policía le dijo que no, decía que era un riesgo contra la nación porque los grupos delictivos sabrían cuánta gente participaba en el levantamiento de los cuerpos, irían a confrontarlos y llevar cierto armamento para atacarlos durante las exhumaciones, que ya no se están haciendo.
Interpuso un recurso de revisión ante el INAI en mayo de 2017, le pidió que ordenara a la Policía Federal que abriera esas pruebas, pero el INAI avaló la negativa de la corporación y la reserva de información durante cinco años.
Lección II: Hacer alianza con organizaciones
Ir más allá de una respuesta del INAI puede llevar mucho tiempo y puede ser costoso.
Gómez López pidió ayuda a la asociación civil Equifonía C, en Veracruz, integrada por abogadas que ella había conocido en sus coberturas periodísticas. Equifonía ha hecho un trabajo fuerte para la prevención e investigación de feminicidios.
Dos abogadas decidieron darle asesoría: Mary Beda Patlax Valdivia y Adriana Fuentes Mazo. Primero interpusieron un amparo ante la justicia federal, luego vieron que no había muchas posibilidades y se decidieron a llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte decidió atraer el caso en enero de 2019, con el número de amparo es AR 279/2019.
Es una batalla larga y también costosa, porque requiere de viajes a la Ciudad de México.
“Cuando yo hablaba con mis jefes es por este tema, me preguntaban, ¿eso me va a dar nota?”, cuenta la periodista. Si al final se tiene éxito, la historia puede terminar en un buen reportaje, pero pueden pasar dos o más años.
Gómez López, por eso, recomienda hacer alianzas con organizaciones.
Las abogadas, además de no cobrarle por la asesoría, si tenían que hacer diligencias en la Ciudad de México se ofrecían para llevarla en su auto a los juzgados o a la Corte, para darle seguimiento al caso.
“Comprendieron que su tema de aportar a las mujeres no es solo cuando son víctimas sino cuando tienen la intención de investigar, como yo, eso fue muy importante. Me di cuenta que con ellas tenía unas aliadas”, dice.
“Es una alianza entre periodistas y una organización civil, y es una alianza entre mujeres”.
Lección III: Paciencia, aprender a esperar
La periodista ganó el amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2019, pero deben pasar algunas semanas hasta que pueda revisar a qué documentos sí tendrá acceso y a cuáles no.
El proyecto de sentencia fue presentado por el ministro Luis María Aguilar, en el que señaló que el INAI no puede justificar su decisión, sobre todo en un caso que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos”.
“La autoridad responsable no demuestra en momento alguno por qué habría de negársele el carácter de violación grave de derechos humanos o delitos de lesa humanidad a los hechos relacionados con la información solicitada por la quejosa, es decir, a la existencia de fosas clandestinas en el predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz”.
El aprendizaje, dice la periodista, es que se puede ir más allá que de recurso de revisión y que se puede lograr haciendo alianzas.
“Toca escuchar a los que saben, seguir las recomendaciones, llenarse de mucha paciencia”, dice.
“A veces toca esperar”.
Y ella lo ha hecho casi durante dos años.
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